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En 1981 chile implementó una reforma a su sistema de pensiones. Esta cambió desde un sistema financiado mediante el régimen de reparto, con beneficios definidos y administrados mayoritariamente por el Estado, a otro financiado mediante el régimen de capitalización, con contribuciones definidas y administración privada, pero regulación estatal. Después de dos décadas de aplicación, el sistema evidencia cuatro grandes desafíos. Muestra problemas en la consolidación de su cobertura poblacional, su operación descansa en un importante esfuerzo fiscal por financiar la transición, opera en un mercado imperfecto donde se manifiestan importantes costos de operación, y si bien ha contribuido a impulsar el desarrollo del mercado de capitales, su efecto directo sobre la inversión productiva es limitado.
