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Luego de las décadas de desarrollo el sistema de seguridad social uruguayo mostraba a principios de los años 80 síntomas claros de su agotamiento. Distintos factores (demográficos, administrativos, etc.) generaron una brecha entre ingresos y egresos que requirió un persistente apoyo financiero por parte del Gobierno Central. Por otra parte, las previsiones de la evolución futura del sistema indicaban una ampliación explosiva del déficit en las próximas décadas. En ese contexto se aprueba una reforma estructural del sistema que entra en vigencia en abril de 1996. El nuevo sistema de seguridad social combina un pilar de reparto, con prestaciones definidas, administrado por el Estado y otro de capitalización individual, con administración privada.
