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Los derechos sociales como criterio de asignación en política social vienen conquistando una creciente influencia tanto entre los diversos actores políticos como en los organismos internacionales porque entre otras razones permiten usar el criterio de universalidad para prestar servicios de asistencia social y de bienestar. A partir de esta constatación, en este artículo se presentan las implicaciones que trae consigo el postular la ciudadanía como base de la atención al bienestar, así como sus dificultades y obstáculos. Lo anteriormente expuesto permitirá evaluar las posibilidades que tiene este concepto como principio efectivo de asignación en México y las condiciones en que eventualmente podría aplicarse. El texto aborda esta reflexión en dos planos, uno teórico-conceptual y, otro, instrumental ligado este último a condiciones de operación.
