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La Ley de 1996 crea la Comisión Agraria Nacional, la Superintendencia Agraria y la Judicatura Agraria, establece un proceso obligatorio de saneamiento de la propiedad agraria para regularizar los derechos de un plazo de diez años y ratifica el impuesto a la tierra, vigente desde 1986. Una de las conclusiones más notorias del análisis es que la forma de acceso a la tierra, su precio, el régimen de tenencia, la frecuencia de transacciones, etc., son determinados esencialmente por la ubicación del predio. Además, existe una fuerte asimetría de percepciones entre vendedor y comprador sobre el valor de la tierra y las transacciones de compraventa se hacen fundamentalmente interaestrato.
