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Los persistentes niveles de pobreza de América Latina y el Caribe, vinculados a la desigual distribución de los ingresos y las bajas y volátiles tasas de crecimiento de las economías, imponen limitaciones al ejercicio de los derechos económicos y sociales de amplias franjas de la población. El crecimiento mediante el desarrollo productivo es una condición necesaria pero no suficiente para resolver esta compleja situación, y aunque el nivel del gasto social es relevante, importa también su calidad. Para que sea posible garantizar dichos derechos, en este documento se identifican una serie de principios y atributos o requisitos para guiar la intervención pública y fortalecer las instituciones que sirven de marco a la política social.
